Uno de los mayores retos que enfrenta Costa Rica se relaciona con la posibilidad de impulsar el crecimiento en armonía con la naturaleza. Nos referimos a crecimiento no solo en un sentido demográfico, sino también desde el punto de vista de la economía y la competitividad. Es bien sabido que, en determinadas circunstancias, el desarrollo y la prosperidad pueden conducir a la degradación del ambiente y la consecuente afectación de la calidad de vida de la población. Justo por esa razón resulta necesario tomar las medidas necesarias para prevenirlo.

En la actualidad, tanto a nivel local como global, la gestión integral de los residuos es uno de los temas de mayor importancia para la toma de decisiones de política pública. Para la Administración Chaves Robles, representa uno de los focos de atención principal, debido a que un manejo inadecuado de estos podría afectar negativamente aspectos fundamentales como el recurso hídrico, el paisaje, los ecosistemas y, además, introduce un factor de riesgo para la salud de la población. Lo anterior explica por qué se están llevando a cabo esfuerzos para lograr una gestión integral de residuos de manera responsable y apego absoluto a lo que la legislación define y en línea con lo que ciencia recomienda.

Con la publicación de la Ley N.° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, publicada en La Gaceta del 13 de julio del 2010 y las reformas que han surgido a través de los años, se impulsó un cambio de paradigma en la gestión de los residuos. Este nuevo paradigma parte de la necesidad de promover al máximo la prevención y la minimización en la generación de residuos desde la fuente.

Asimismo, promueve la reutilización y el aprovechamiento de los residuos a través de su valorización, de manera que sean considerados como una oportunidad al generar fuentes de empleo, protección de los recursos naturales y un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Los residuos no valorizables, a su vez, deben pasar a tratamiento y disposición final. Cabe decir que esto solo aplica para aquellos residuos que, por las características físicas o por carencia de tecnologías, no son aprovechables. Por tal motivo, se ha trabajado intensamente en atraer inversión innovadora, de forma que la gestión integral de residuos sea visibilizada como una industria que genera otras materias primas o subproductos que pueden ser puestos en el mercado.

El Ministerio de Salud, con el apoyo del sector municipal, institucional, académico, privado y la sociedad civil, ha conducido el proceso de elaboración de la presente Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023- 2033 y el Plan Nacional de Residuos 2023-2028, que corresponde al primer plan de dicha política. Este proceso se ha llevado a cabo considerando las buenas prácticas que se han dado en otros países, especialmente en los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la clara conciencia de que el país cumple con estándares mundiales exigentes. Lo anterior se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo basada en la creación de condiciones para aumentar la confianza de inversores internacionales y nacionales y así facilitar la inversión y la implementación de nuevas tecnologías para la gestión integral de residuos.

Se presenta la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2033 y el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2028, los cuales contienen las estrategias que guiarán científica y técnicamente a las instituciones públicas, sector privado, junto con las organizaciones sociales, la sociedad civil y la comunidad, con enfoques de Derechos Humanos, Igualdad y Equidad de Género, Diversidad, Cohesión Social, Transparencia y Transición Justa.